FGR acusa a Inés Gómez Mont por depósitos de 14 millones de pesos

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) documentó que la conductora de televisión Inés Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones de pesos de dos empresas que estarían involucradas en una supuesta red de empresas ficticias, a través de las cuales se desviaron más de 2.500 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el último sexenio.

Sin embargo, la FGR no logró probar que ella y su esposo fueran los presuntos cabecillas de la red criminal a través de la cual se realizaban estas desviaciones, así como los principales beneficiarios. Si bien un juez federal accedió a emitir una orden de aprehensión en su contra, concluyó que no se podía probar que la pareja organizara dicho fraude, ya que, según consta en el propio expediente, lo que recibieron equivale a menos del 1% del dinero desviado.

Animal Político tuvo acceso a los documentos ministeriales y judiciales de la causa contra Gómez Mont y su esposo, el abogado fiscalista Víctor Manuel Álvarez Puga, consta en la carpeta de investigación número FED/SEIDO/UEIORPIFAM/CDMX/0001339/2019, abierta a partir de denuncia anónima recibida en 2019, y posteriormente complementada con otra denuncia interpuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dicha investigación fue la base a partir de la cual un juez federal, Iván Aarón Zeferín Hernández, la orden de aprehensión contra el conductor fue emitida en 2021 y su marido por los delitos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada. La información a la que tuvieron acceso también revela que Gómez Mont ofreció pagar los 14 millones que se le acusa de haber recibido, pero la FGR se negó a aceptar el acuerdo.

El caso se filtró públicamente incluso antes de que se emitieran las órdenes de aprehensión bajo la idea de que Gómez Mont y su esposo se habían enriquecido con “el desvío de casi 3 mil millones de pesos” asignados originalmente por el Gobierno para el refuerzo de la seguridad. en prisiones federales. El juez a cargo del caso incluso denunció formalmente la filtración y ordenó una investigación. En el expediente, los pagos probados que recibió el conductor son, en realidad, por una cantidad mucho menor.

La investigación de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO) establece que en 2016 la Segob suscribió dos contratos con la empresa Seguridad Privada, Ciencia Cibernética, SA de CV, por un monto de 2 mil 503 155 millones de pesos para equipar la vigilancia centro de prisiones federales. Entre el 5 de agosto de ese año y el 3 de agosto de 2017, dicho organismo, a través del organismo encargado de las prisiones, transfirió el dinero en 16 depósitos a la mencionada empresa.

Pero, según la investigación, Seguridad Privada era una empresa que simulaba operaciones, es decir, una empresa fantasma. La FGR concluye que los contratos fueron una fachada (porque incluso en cada uno se incluyeron los mismos conceptos, como 32 pantallas con los mismos números de serie), y que los estudios de mercado de las distintas empresas que supuestamente se compararon para elegir una fueron exactamente lo mismo. El objetivo era dar apariencia de legalidad a la salida de recursos.

Luego, la investigación realiza una extensa documentación de la forma en que, a través de cientos de transferencias y depósitos, se trasladaron los recursos hacia las empresas de Rancel, SA de CV; Módemo, SA de CV; Comcelint, SA de CV; Tecnología e Innovación Arrimplo, SA de CV; Gupea Construcciones, SA de CV, e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, SA de CV. Según la investigación, se trata de empresas fantasma.

Estas empresas, a su vez, terminaron transfiriendo o depositando el dinero a una extensa lista de más de 100 personas físicas y jurídicas. Es aquí donde aparece el nombre de Inés Gómez Mont, quien habría recibido dinero de dos empresas: Tangamanga, de cuyas cuentas se realizaron 12 retiros a beneficio de Gómez Mont por 7 millones 395 mil pesos, y Gupea, de cuya cuenta se realizaron 15 se realizaron retiros por 7 millones 448 mil 816 pesos.

En total, la FGR confirmó que Gómez Mont recibió depósitos por 14 millones 843 mil 816 pesos, lo que equivale al 0,5% de los más de 2.500 millones supuestamente desviados. Y en el caso de su esposo, Álvarez Puga, la fiscalía confirmó operaciones por menos de 250 mil pesos.

No es un líder criminal: juez

En la acusación que la fiscalía envió al juez, se formulan cargos contra 12 personas físicas —entre personas físicas y ex servidores públicos federales— y contra siete personas jurídicas (sociedades). Señala todo de ser parte de una organización criminal que habría operado entre 2016 y 2019 para lavar dinero; pero, según consta en la carpeta de investigación, no todos tenían la misma jerarquía.

Según la FGR, en este presunto grupo delictivo los cabecillas eran Gómez Mont y Álvarez Puga y, por tanto, serían los principales beneficiarios de los miles de millones de pesos desviados del erario.

“El primer grupo de la organización no nombrada está integrado por la persona que encabeza la organización, con la función de Gerencia y siendo además beneficiarios finales reales de los recursos operados a través del sistema financiero, siendo estos: Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont Arena quien también trató de justificar la recepción de los recursos con una relación laboral con las empresas utilizadas, a través del recibo de CFDI por supuestos ingresos asimilados a salario”, indica el pliego de cargos de la fiscalía.

Sin embargo, en su resolución, el juez Zeferín Hernández desestimó esta afirmación tras concluir que la fiscalía no acreditó con pruebas —al menos iniciales— que la presentadora de televisión organizara el presunto fraude, y menos que fuera ella la principal beneficiaria del mismo.

“Si bien la fiscalía señala que Inés Gómez Mont Arena y Víctor Manuel Álvarez Puga tendrían el carácter de directores, administradores o supervisores de la organización, este aspecto hasta ahora no está acreditadoentonces lo único que probablemente se corrobore es que eran beneficiarios, junto con otras personas, aparentemente en el mismo rango jerárquico; por eso no se les puede dar esa calidad (de directores o de líderes)”, advierte el juez en su resolución.

No se trata de un asunto menor, ya que, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penal, los cabecillas de una organización del crimen organizado pueden cumplir hasta 40 años de prisión, pero de no ser así, la pena eventual se reduce a la mitad.

En la misma resolución, el juez indicó que Gómez Mont se habría beneficiado con un monto de hasta 178 millones de pesos; sin embargo, hizo ese cálculo multiplicando los depósitos a los que se refería por 12 y 15. Esto, contrario a lo que dice el propio escrito de la fiscalía, donde si bien se indica que hubo múltiples operaciones, estas fueron por un total de 14 millones de pesos. La defensa del conductor presentó una demanda de amparo contra esta anomalía.

En la determinación judicial, el juez Zeferín Hernández también aprovecha para denunciar que se filtraron indebidamente los datos de la investigación y pide a la FEMDO que investigue el caso. Los detalles de este evento ya había sido adelantado por Animal Político en esta nota.

El trato rechazado

En 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación contra la presentadora de televisión por posibles delitos fiscales y lavado de dinero. Esto, luego de detectar que en 2016 reportó pagos por 39 millones 518 mil pesos por supuestos honorarios de empresas que presuntamente simularon operaciones y de una persona natural. Entre esos pagos se encuentran los mismos que la FGR retomó en la nueva acusación contra Gómez Mont por delincuencia organizada.

En esa primera investigación, abierta con el número FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017, la PGR advirtió que el conductor no había cubierto los impuestos necesarios por un monto de 13 millones 572 mil pesos y que, además, el dinero provino de posiblemente compañías de fachada.

El 30 de noviembre de ese año, Gómez Mont acordó con el SAT firmar un acuerdo de reparación por casi 11 millones de pesos, al que se sumó otro pago de 2 millones 604 mil pesos en junio de 2019. Sin embargo, la FGR se ha negado a aceptar como válido esta alternativa de solución al proceso.

El 30 de septiembre de 2021, y a raíz de una medida cautelar que ganó el conductor para que la fiscalía argumentara su rechazo al acuerdo, la institución que dirige el fiscal Alejandro Gertz Manero concluyó que esa vía no era la adecuada porque, entre otras cosas, había no se ha realizado ante la Procuraduría Fiscal del Tesoro sino ante el SAT, que no estaba legalmente facultado para ello.

La FGR también advirtió que, si bien la conductora realizó pagos por casi 14 millones de pesos, eso en todo caso limita el proceso fiscal iniciado en su contra, pero no significa que deba cerrarse la investigación adelantada por el Ministerio Público, ya que se trata de diferentes procedimientos.

Ante esta resolución, la defensa de Gómez Mont ha impulsado una nueva demanda de amparo bajo la hipótesis de que la fiscalía se ha empeñado en rechazar un acuerdo de reparación por pagos ya realizados, y que no solo serviría para dejar sin efecto la investigación de 2017 sino también el nuevo iniciado en 2019, y que dio paso a la orden de aprehensión en su contra.

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